Aunque no existe una frontera viva en el Cesar con la República Bolivariana de Venezuela, el ingreso de colombianos repatriados y de inmigrantes irregulares, por los diferentes puntos de los 2.200 kilómetros de frontera terrestre, ha permitido que un gran número de personas se hayan asentado finalmente, en este departamento.
Hacer un recuento de la situación de los miles de venezolanos indocumentados que permanecen en el Cesar, implicaría interpretar las limitaciones de la informalidad laboral para alcanzar ingresos dignos estando en la fibra más débil del tejido social y de la imposibilidad de acceder a servicios de salud, educación y seguridad ciudadana.
Aún no se encuentran razones suficientes para que estos inmigrantes irregulares decidan quedarse en el Cesar bajo la amenaza constante de la deportación, teniendo en cuenta que las condiciones de pobreza departamentales alcanzan al 41,9% de la población y la pobreza extrema al 12,1%, lo que obviamente muestra, que el aparato productivo local no ha resuelto lo básico de la sociedad, ni es el más apto para recibir nueva fuerza laboral.
Un Departamento donde las víctimas registradas suman 311.896 personas, donde la industria es prácticamente inexistente, donde el área rural permanece con niveles de pobreza superiores al 41%, con restricciones para la evolución competitiva, no es el escenario ideal para acoger a profesionales, mano de obra calificada, y mucho menos indocumentados, sin recursos para montar su proyecto de vida.
Lo único que podría explicar este fenómeno sería, preferir estar de este lado de la frontera como una férrea decisión, para evitar que el gobierno venezolano les siga robando otros años de vida; huirle a la crisis económica generalizada que se extiende a la incesante devaluación del Bolívar, al desabastecimiento de alimentos, al desempleo y a la inseguridad en las calles.
Pero la decisión de quedarse en Valledupar o en cualquiera de los otros 24 municipios del Cesar, involucra también a los empleadores que, aprovechando la situación de vulnerabilidad de estos inmigrantes irregulares, pagan sueldos inferiores al mínimo legal, obligándolos también a trabajar horarios extendidos bajo la amenaza de denuncia ante las autoridades migratorias.
Este trato influye también en ocupaciones marginales como la prostitución, la ocupación del espacio público con ventas ambulantes y estacionarias, la proliferación de transportadores ilegales, el contrabando de combustible y mercancías y sobre todo, el reforzamiento de las redes de narcotráfico y microtráfico que encuentran mano de obra barata y disponible.
El sistema de salud siente también la presión de los extranjeros sin seguro médico, a quienes debe atender en situación de urgencias, bajo el principio de protección al migrante, pero no se tiene resuelto lo que sucede con los irregulares que no aportan al sistema de seguridad social. La salida para este punto y la vinculación de menores al sistema educativo, estaría en la realización de un trámite en la página web de Migración Colombia, que hasta el 31 de octubre de 2017 expide la tarjeta de Permiso Especial de Permanencia que por dos años, permite trabajar legalmente y efectuar los aportes a seguridad social.
Mientras haya oportunidad de incentivar a las empresas para crear nuevos puestos de trabajo, éstas seguirán con la aspiración de acceder a reducciones o exenciones tributarias, a tasas de interés más bajas, a contar con cofinanciación de las entidades territoriales para viabilizar nuevas unidades de negocios o la puesta en marcha de proyectos sostenibles que apunten a la reducción de la pobreza, al resarcimiento de las víctimas y a la visibilización de la nueva franja social, creada por la migración de venezolanos a nuestro territorio en busca de oportunidades, para seguir viviendo.
