Durante los últimos 20 años, la lucha armada por el dominio territorial en el Departamento del Cesar se degradó a tal nivel, queal 2014, la Red Nacional de Información tenía tabulada 359.455 víctimas por causas diversas: homicidios, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento, despojo de tierras, reclutamiento de adolescentes, minas antipersona, y para darnos una idea de su impacto, ese número de víctimas equivale al 34,93% de la población que habita el Cesar en 2015.
El corredor natural que facilita el paso entre el centro del país y el mar Caribe, definido por las montañas del Perijá y la extensa llanura aluvial del Río Cesar, fue condición de encierro permanente para los ciudadanos de bien, que vieron como su calidad de vida se deterioraba, ante el cruce de fuerzas de ocupación territorial de diferentes grupos al margen de la ley, soportados financieramente en el tráfico de estupefacientes y el contrabando de mercancías y combustibles, quienes infundieron terror, mientras expandían su poder en lo que llegó a ser tierra de nadie, sin valor comercial y sin oportunidad de futuro.
A pocos meses del esperado documento que clausura las mesas de negociación con la guerrilla de las FARC, desde la Cámara de Comercio de Valledupar proponemos que la Nación reconozca al Cesar como departamento piloto para implementar las acciones del posconflicto, instaurando, para ello, el cambio en el esquema institucional nacional y los procesos y programas que impliquen la nueva etapa de la historia colombiana.
Condiciones para hacer del Cesar el territorio del posconflicto.
La Nación tiene muy buenos argumentos para reconocer al Cesar como escenario piloto del posconflicto, puesto que más del 54% de los 22.905 kilómetros cuadrados está en manos de ministerios y agencias nacionales, que por su labor misional controlan y aseguran la sostenibilidad étnica y ambiental, ya sea porque hayan otorgado concesiones para explotaciones mineras a gran escala o por la construcción y operación de proyectos de infraestructura, calificados de utilidad pública e interés social. Este porcentaje se incrementará a medida que se vayan identificando nuevos proyectos y nuevos espacios para la participación público – privada, donde los contratos y compromisos ambientales y sociales estén en manos del nivel nacional y donde la planificación y decisiones locales deben estar subordinadas a disposiciones de superior jerarquía.
Repoblar el campo abandonado por la violencia y hacer que la actividad rural sea rentable, es uno de los retos que en el Cesar reduciría la urbanización que se concentra principalmente en Valledupar y Aguachica. Para ello, el primer trabajo e la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras será apoyarse en los insumos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y ocuparse en implementar las propuestas del Diamante Caribe Santanderes, del Área Metropolitana de Valledupar y definir un plan de acción, viable y de aplicación inmediata, que maximice los beneficios de la Ley de Fronteras, racionalice la utilización de los recursos naturales e incorpore la ventaja de tener parte del territorio reconocido por la UNESCO como Reserva de Biosfera.
Este plan identificará y definirá instrumentos de aplicación inmediata para las áreas de desarrollo rural, que deberán ser intervenidas para alcanzar la producción máxima esperada, los proyectos de almacenamiento y distribución de agua para poblaciones y desarrollo agropecuario, las franjas para establecer agroindustrias, zonas francas, la generación de energía renovable en pequeña, mediana y gran escala, el respaldo institucional para la seguridad ciudadana y las áreas de conservación ambiental que servirán a las futuras generaciones.
Con el apoyo del Conpes, la Nación establecerá una mesa de trabajo para generar sinergia entre todos los proyectos con obligaciones ambientales y sociales en el Cesar y definirá, con el Ministerio de Hacienda, el esfuerzo máximo que los municipios y el departamento deben hacer, a través de contratos plan y alianzas público – privadas para aportar al escenario del posconficto. Esto requiere además, reglas claras para desmontar las mafias electorales que mantienen los indicadores de competitividad territorial, en el nivel más bajo.
A través de ese documento Conpes, la Nación solicitará definir, en el corto plazo, la política de ocupación territorial para eliminar el contrabando de mercancías y combustibles en el departamento del Cesar, mejora los indicadores de seguridad ciudadana y evitar que se sigan fortaleciendo las estructuras criminales organizadas.
Se pedirá al Ministerio de Ambiente y sus entidades adscritas y vinculadas, que revisen la pertinencia y capacidad de Corpocesar para seguir el ritmo de este esfuerzo como piloto nacional, pues todas las entidades públicas deberán trabajar a su máximo potencial y dar los resultados oportunos, de calidad y eficiencia.
A la gobernación del Cesar se le dará un tratamiento diferencial, aclarando su papel en el desarrollo y la calidad de vida, para que atienda temas superiores que apunten a garantizar el mejoramiento de los factores de competitividad territorial y de esta manera, presentar un portafolio de oportunidades para atraer empresas nacionales e internacionales que generen empleo y mejores condiciones de convivencia, y no se limite a seguir compitiendo con alcaldías municipales por conquistar votos, a través de proyectos financiados con el Sistema General de Regalías.
El escenario del posconflicto requiere además del rediseño institucional departamental y municipal, una clara orientación y generación de capacidades para alcanzar la gobernanza, donde la interacción entre gobernantes y gobernados sea pertinente y oportuna, como debe ser la eliminación de la impunidad y la capacidad de respuesta de la justicia.
Con el 2016 inicia el proceso de formulación de nuevos planes de desarrollo en los niveles municipal y departamental y la oportunidad para revisar la pertinencia de los planes de ordenamiento territorial, es por ello, que ante la posibilidad de trabajar conjuntamente con el Ministerio del Posconflicto, debe existir una clara identificación de los programas y proyectos que serán direccionados en el Cesar, para cumplir con dos propósitos esenciales: Contribuir a las metas del posconflicto y crear el acercamiento entre las empresas y entidades que controla la Nación en el Cesar y el ciudadano del común, que aún no encuentra su sitio en el presente esquema, donde prima la informalidad, el “todo se vale” y el ejercicio del poder que excluye y margina, como principal y único valor de la sociedad.
JOSE LUIS URÓN MÁRQUEZ
Presidente Ejecutivo
