Desde inicios de este año, el Gobierno Nacional viene hablando del consumo de alucinógenos y la dosis mínima. Incluso, la primera gestión de los alcaldes de todo el territorio nacional cuando se posesionaron para este cuatrienio, fue emitir el decreto reglamentando dónde y a qué hora se podían consumir alucinógenos en espacios públicos; el discurso se centró en jóvenes, adolescentes, estudiantes de primaria y secundaria y universitarios, y el consumo de drogas en parques y colegios. Lo anterior lo hicieron los gobernantes de acuerdo a una decisión de la Corte Constitucional que fue un precedente vertical que invitaba a nuestros gobernantes a no incurrir en desacato.
Estoy convencido que el tema del consumo de alucinógenos no se resuelve por decreto, ni señalando los espacios lúdicos donde se puede consumir, ni estipulando la cantidad que se puede portar. Esto tiene unos componentes más fuertes para lucha frontal contra esa criminalidad que viene absorbiendo a la niñez y la juventud colombiana. El problema no es únicamente de los colombianos como productores de estas sustancias, que es donde efectivamente está el negocio. Los consumidores son personas enfermas que deben ser tratadas como tal. Por eso, dentro de los decretos expedidos por nuestros alcaldes como las primeras autoridades territoriales, se debe incorporar el componente salud en lo referente a los tratamientos de desintoxicación para los jóvenes, pero adicionalmente el tratamiento psicológico y social.
Necesitamos la presencia de instituciones como la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la presencia de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, de los jueces de la República, de las casas de justicia, de los espacios de las primeras damas, todo lo que implica la política social. Es importante visibilizar este problema porque aquí los padres de familia tienen una gran responsabilidad en el comportamiento de sus hijos que, a veces desde sus propios hogares a través de la comodidad son inducidos a estas prácticas diabólicas que incluso, los llevan a la muerte. Pero también necesitamos del compromiso de la iglesia católica, protestante, evangélica y no es suficiente la represión. Necesitamos el sector salud comprometido en esta tarea, especialmente las IPS que vienen abordando el tema de la drogadicción en esta región del país y que tienen que asumir esta responsabilidad, que inicialmente está en la cabeza del Estado, sin los recursos suficientes para financiar la desintoxicación de estos jóvenes y su reintegración a una vida civil y una sociedad que los acoja.
La drogadicción en Valledupar y el Cesar ha sido consentida por la institucionalidad y la sociedad. En el norte la fuerte presencia del narcotráfico a través del Serranía del Perijá y el departamento de La Guajira.
Hay que revisar nuestras fronteras, cuáles son los corredores del narcotráfico donde hay que ejercer el poder de la fuerza pública y de nuestras instituciones para evitar que se sigan convirtiendo estos corredores en la desgracia del Cesar.
En nuestra economía hemos consentido el lavado de activos producto del narcotráfico. La clase política de este departamento ha convivido con organizaciones mafiosas y han dejado que en el pasado muchas de las campañas electorales se hayan financiado con este recurso. Llama la atención que los ciudadanos identificamos donde están las ollas de narcotráfico en cada una de las comunas de Valledupar y que las autoridades legítimas encuentren a veces encuentran dificultades para poner a buen recaudo a los jibaros y también a quienes son los dueños del negocio.
Perseguir al consumidor no resuelve el problema, hay que ir al centro del asunto. Hay sitios en Valledupar donde se expende alucinógenos y se contamina a jóvenes y niños, en especial a muchos en colegios de primaria y bachillerato ¡Ni hablar de las universidades! Parte del problema de la inseguridad en Valledupar se debe a la forma tranquila como narcotraficantes desarrollan esta actividad criminal de caras a la sociedad y las autoridades.
La situación de inseguridad en Valledupar tiene unos niveles no antes vistos. En menos de 15 días, más de siete víctimas perdieron la vida, igualmente no le podemos atribuir la responsabilidad de esto a quienes han asumido el control de los destinos del municipio. Esta responsabilidad es colectiva, aquí hay que hacer un esfuerzo mancomunado para lograr liberar la ciudad del microtráfico y el narcotráfico, ayudando a encontrar la felicidad para las familias. Tenemos el desafío de una drogadicción desenfrenada a los ojos de toda una sociedad y por supuesto, aquí estamos enfrentando unos riesgos porque hablar de drogadicción en Valledupar y el Cesar, es hablar de capos que son los dueños del negocio, que lavan activos a diario en el territorio e igualmente se están apoderando de establecimientos de comercio y actividades licitas que en el pasado eran financiadas con recursos lícitos por negocios que llevan dos generaciones.
La incidencia de drogadicción en la inseguridad de la ciudad
El problema de Valledupar en el tema de seguridad obedece a los niveles de drogadicción como uno de los componentes. La inseguridad en la ciudad, en cifras del Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio, ocurre por varios factores y dentro esos está el consumo de drogas y la presencia de grupos delincuenciales establecidos en el territorio.
Escuchaba la denuncia de algún empresario en una reunión de seguridad que teníamos en el salón de eventos de la cámara con el alcalde de Valledupar, nos mencionaban que hay asomos de nuevas autodefensas en el territorio que solicitan la presencia de empresarios en ciertos sitios del sector rural para pactar cuotas y asumir ellos el control de la ciudad. No se puede repetir la historia del paramilitarismo del pasado que tanto desplazamiento y sangre le costó al departamento del Cesar. También se habla de la venta de drogas en las diferentes comunas y la extorción permanente de la cárcel de alta y mediana seguridad.
Necesitamos que las autoridades apliquen la política carcelaria de forma estricta o existe el temor de que los servidores públicos que le prestan sus servicios a esas instituciones, sean corruptos. Aquí el Estado tiene que mostrar la fortaleza a través de sus instituciones legales y constitucionales, no mostrar temor ni miedo a quienes ejercen la violencia, el narcotráfico y el sometimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Estamos adelantando a través del Observatorio Socioeconómico, una investigación minuciosa en las seis comunas para entregar un informe sobre las razones de la inseguridad en Valledupar. Tenemos la certeza que contamos con un alcalde con la convicción que puede cambiar esto, comprometido con la seguridad de la ciudad, que contamos con una fuerza pública decente y dispuesta a jugarse la vida para garantizar la de los ciudadanos y el precepto constitucional de que el Estado garantiza la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación para no maximizar la situación de inseguridad de Valledupar y ayudar a generar la tranquilidad a los ciudadanos, que debemos salir de esta situación tan difícil uniendo a las instituciones y la ciudadanía alrededor del problema.
Esta iniciativa nace con la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior, esta es la primera mesa para socializar el tema de ciudad y familia ‘Desafíos de una drogadicción desenfrenada’, y tiene el objetivo de visibilizar al territorio y el país, al Gobierno Nacional, que requerimos su presencia, la financiación de esta lucha que no es armada sino una lucha a través de la educación, la salud y la convivencia pacífica, queremos aterrizar un gran encuentro con varios magistrados de la Corte, con el Bienestar Familiar y con otras instituciones del nivel nacional que nos permita enfrentar como Estado las situaciones que está viviendo Valledupar en el tema de drogadicción y seguridad.
Lo que estamos haciendo es riesgoso, vamos a tener que estar atentos porque estamos atravesándonos en un negocio lucrativo donde no sabemos cuántos ciudadanos de forma ilegítima vienen desarrollando la actividad de microtráfico y envenenando a nuestras juventudes.
José Luis Urón Márquez
Presidente Ejecutivo
