Valledupar, agosto 28 de 2015
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Bogotá
Respetado señor Presidente:
El olvido al que fueron sometidos los territorios fronterizos colombianos en el pasado, por parte del gobierno central, dejo como consecuencia, un alto costo social y ambiental y una enorme pérdida de legitimidad, por cuenta de una difusa soberanía institucional que no escuchó, que no atendió, que no invirtió, que no llegó, que no respondió.
Esa incapacidad en el pasado, del nivel nacional, para entender nuestra realidad y actuar sobre ella, permitió la suplantación del Estado por parte de la guerrilla, de los grupos paramilitares y de las bandas emergentes, quienes impusieron las reglas de la economía local, controlando el comportamiento social, financiando actividades comerciales y agropecuarias en zonas de montaña a lo largo de la Serranía de Perijá y la Serranía de los Motilones, reemplazando a la justicia en todos sus niveles, desde quien tala un árbol sin su permiso, hasta quien comete un crimen mayor en su área de influencia.
Ese ilegítimo sistema de terror y control social, se fue extendiendo sin parar hacia donde la mano de la Nación no llega, como sucede en los departamentos fronterizos. Aquí en estas tierras, la guerrilla, los paramilitares y las bandas emergentes, encontraron en la política local y regional la manera de expandir sus utilidades, y de paso, urbanizar y presentar decentemente los logros de su soberanía, bajo un esquema mafioso y corrupto.
Puede decirse que el sistema descrito ha venido fluyendo extraordinariamente de acuerdo con sus propios indicadores: La efectividad de la fuerza pública y organismos de control es casi nula, por lo que estamos inundados de licor, electrodomésticos, mercancía, gasolina y ganado de contrabando. Algunos de nuestros alcaldes están maniatados y su única ocupación consiste en honrar los compromisos con quienes les financiaron las campañas políticas. El nivel más alto del ranking lo ocupan los gobernantes regionales y locales que utilizan la burocracia, la contratación y su posición dominante, para asegurar su permanencia en el poder.
Como consecuencia, las renombradas obras públicas locales quedan inconclusas o inutilizables, los problemas sociales y ambientales nunca se atienden y la pobreza y la desesperanza registrada en los indicadores de desempeño, que en la zona de fronteras emiten los organismos de control nacional, son desvirtuados por la realidad de las ejecuciones, donde se califica en alto la gestión de los mandatarios. Con estos resultados, el paradigma mafioso toma fuerza, sofisticando así los discursos y promesas de aspirantes a las elecciones territoriales, ahora potenciados con inimaginables recursos económicos para financiar las campañas políticas en curso.
Familias deportadas.
En medio del cruce de esos códigos sociales y de lecturas tan diversas sobre “Todo se vale”, surge la tragedia de colombianos deportados y expulsados de Venezuela y la orden del Palacio de Miraflores de cierre de la frontera.
La Cámara de Comercio de Valledupar pronuncia su total rechazo a la manera como fueron y son tratados los colombianos residentes en ese país y condena el drama social ocasionado por el trato inhumano con el que separaron familias de colombianos, demolieron sus viviendas y fueron llevados a la fuerza para cruzar el límite fronterizo.
El restablecimiento de sus derechos debería conducir a la apertura de un nuevo capítulo en la categoría de víctimas por desplazamiento forzado, para facilitar la atención de esas familias con toda la generosidad y diligencia, por quienes tienen la competencia y capacidad para hacerlo, así como por el Plan Fronteras para la Prosperidad, que lidera la Cancillería colombiana, el cual debe ser reforzado para atender esta eventualidad.
El cierre de la frontera
Ha sido recurrente el mensaje presentado por la Cámara de Comercio de Valledupar en distintos foros, reuniones de trabajo y oficios formales dirigidos al Ministerio de Minas y Energía, advirtiendo la vulnerabilidad económica a la que están sometidos los dueños de estaciones de servicio, legalmente constituidas en el departamento del Cesar, debido al bajo cupo asignado para distribución y venta de combustible, que no alcanza a contrarrestar el imparable flujo de gasolina de contrabando, proveniente de Venezuela.
Según la Secretaría de Hacienda municipal de Valledupar y la policía fiscal y aduanera, a esta ciudad entran mensualmente más de 2.750.000 galones de combustible venezolano de contrabando1, cifra que se suma a los 10.000.000 de galones que llegan al municipio aledaño de La Paz2, con el propósito de inundar el mercado local, que se extiende hacia Cuatro Vientos, punto de distribución sobre la Vía troncal nacional ruta 45, desde donde se lleva gasolina a diversos departamentos de la Región Caribe, gracias a una efectiva cadena de corrupción, sobre la cual tenemos referencias permanentemente a través de los medios de comunicación3.
Esa distribución de combustible, como ya se advirtió, está respaldada por bandas criminales que operan en departamentos fronterizos y sus utilidades multiplican el accionar de la guerrilla, los grupos paramilitares, el narcotráfico, la minería ilegal y aseguran de esa manera, el control político y territorial.
1 http://www.elheraldo.co/cesar/valledupar-pierde-10000-millones-al-ano-por-gasolina-de-contrabando-167625
2 http://www.elheraldo.co/cesar/ingreso-de-gasolina-de-contrabando-esta-frenado-en-un-80-policia-173534
3 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/caen-un-mayor-5-patrulleros-de-la-policia-y-4-civiles-por-interceptar-gasolina-de-contrabando-y-venderla-en-cesar/
Los negocios informales de contrabando de licor, cigarrillos, electrodomésticos, mercancías y combustibles, irónicamente condenan a miles de familias al círculo perverso de la pobreza, porque permanentemente se le debe dinero al prestamista que financia la operación y porque los menores de edad, apretados por la situación económica familiar, deben ingresar a las filas del trabajo, abandonado los estudios desde temprana edad.
En las circunstancias actuales, anticipamos un desabastecimiento general de combustible en el departamento del Cesar y a la fecha no existe un plan de choque para aumentar los cupos de combustible, por parte de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, instancia que ha estado reacia a considerar nuestros argumentos y que esperamos tome las medidas pertinentes, para evitar el aumento de la temperatura social.
Solicitudes al Gobierno Nacional.
Ante la indefensión de la sociedad cesarense por el sometimiento de bandas criminales que controlan el territorio, la Cámara de Comercio de Valledupar solicita al Gobierno Nacional atender los siguientes puntos:
– Fortalecer los batallones de alta montaña en tres sectores clave: Montes de Oca en La Guajira, la Serranía de Perijá en el norte del Cesar y la Serranía de Motilones en el sur del Cesar y Norte de Santander, con el propósito de que, bajo los más altos estándares de ética, ejerzan la labor de control y vigilancia del territorio colombiano, en especial, el bloqueo de las rutas de narcotráfico y contrabando desde Paraguachón hasta Cúcuta y las rutas de comercio ilegal entre Cúcuta, Ocaña, Rio de Oro, Aguachica, Gamarra y el Sur de Bolívar.
– Que el Ministerio de Minas y Energía incremente los cupos de combustible legal a las estaciones de servicio del Cesar y por extensión a los departamentos fronterizos con Venezuela, con el propósito de contrarrestar el desabastecimiento provocado por el cierre fronterizo.
– Fortalecer los operativos de la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA en todo el territorio fronterizo, bajo los más altos estándares de ética, para eliminar el contrabando de animales, mercancías, combustibles y electrodomésticos, con lo que se asegurará la permanencia de empresas legalmente constituidas en el departamento del Cesar.
– Adelantar acciones reales de protección a los páramos, subpáramos y zonas de amortiguación en la Serranía de Perijá, para recuperar las fábricas naturales de agua de nuestro departamento, que hoy están intervenidas de manera irregular por explotaciones ganaderas y agrícolas, que amenazan la sostenibilidad ambiental.
Sugerencias en el caso Venezuela.
– Seguir insistiendo en la salida diplomática para suspender la expulsión de familias colombianas que bajo la sospecha de pertenecer a grupos paramilitares se les derribó sus viviendas y fueron sacadas a la fuerza del territorio venezolano. Debe prevalecer el buen trato y el reconocimiento al Derecho Internacional Humanitario.
– Pedir a UNASUR, OEA, ONU y organismos defensores de derechos humanos su pronunciamiento sobre las acciones adelantadas por el Gobierno venezolano en contra de los colombianos residentes en ese territorio y de la demolición de sus casas de habitación.
– Pedirle al Presidente Maduro, que así como derriba las viviendas de colombianos y los expulsa de Venezuela, haga lo mismo con los cambuches de las FARC y las guaridas de las bandas de delincuentes que participan y aseguran los negocios ilegales de contrabando y narcotráfico hacia Colombia.
Del señor Presidente de la República JUAN MANUEL SANTOS, con sentimiento de admiración y aprecio.
Cordialmente,
JOSE LUIS URÓN MÁRQUEZ
Presidente Cámara de Comercio de Valledupar
Carta al Presidente de la República frente a la crisis en la frontera con Venezuela
