Recientemente, la Cámara de Comercio de Valledupar hizo una intervención en los Diálogos UDES multicampus ‘Competitividad en tiempos de pandemia’, donde hizo referencia a las condiciones especiales de Valledupar que, sin duda, requieren ser analizadas con especial detenimiento.
Mientras las empresas se dedican a competir en las diferentes ubicaciones de la geografía bajo las condiciones impuestas por el mercado, los gobiernos tienen la tarea de generar condiciones atractivas para que lleguen nuevos emprendimientos y se fortalezcan los ecosistemas de negocios que ya existen en el territorio, sin importar a cuál sector correspondan las oportunidades de producción. Esos dos agentes del desarrollo requieren los aportes de la academia tanto para capacitar la fuerza laboral necesaria y entregar soluciones técnicas y científicas a los procesos, como para generar los estudios de mercado y análisis multisectoriales que orienten las inversiones.
Ejemplo de la unión propositiva del sector privado y la academia, son los informes anuales producidos entre el Consejo Privado de Competitividad, la Universidad del Rosario y el Centro de Estudios para la Competitividad regional, quienes efectuaron un análisis del Índice Departamental de Competitividad de los 32 departamentos, las 7 áreas metropolitanas y las 25 ciudades principales del país. Dicho índice evalúa la competitividad en un ranking de uno a 33; donde uno es mejor calificación y 33 la más deplorable. Para el año 2020, Valledupar ocupó el puesto 21 entre 32 evaluados. El Índice de Competitividad incluye cuatro factores de estudios relacionados con las condiciones habilitantes, el capital humano, la eficiencia de los mercados y el ecosistema innovador. Cada factor incorpora ejes vitales en los que la ciudad se mantuvo en los puestos menos categóricos: el mercado laboral (puesto 28), la sostenibilidad ambiental (puesto 33), el sistema financiero (puesto 25); la innovación y dinámica empresarial (puesto 21).
El año pasado, la tasa de desempleo en el municipio fue de 20,2% contabilizando 40.137 personas sin empleo; 4.234 más que en 2019. El número de ciudadanos inactivos fue de 11.251; la informalidad laboral hoy es del 62,9% con 99.440 informales dedicados a desempeñar actividades mercantiles bajo el esquema de competencia desleal en contra de 58.691 comerciantes formales.
La inseguridad en el norte del Cesar, es consecuencia de la influencia de territorios vecinos donde prosperan negocios ilícitos: la frontera con Venezuela, región del Catatumbo, sur de Bolívar y sur del Cesar; los cuales son proclives al delito de micro y narcotráfico. De igual manera tenemos vecindad con La Guajira, donde hay una arraigada historia de contrabando de bienes y servicios. Estas condiciones no permiten avanzar en la formalización de los emprendimientos ni en la dignificación de los habitantes del territorio.
La responsabilidad del desempleo no es toda de la pandemia. En el 2007 el índice de informalidad fue de 65,6%, en 2008 de 63,3%, en 2013 de 61,5%, en 2018 de 59,9% y para 2020 la informalidad tuvo un valor de 59,6% es decir, que el Covid-19 afectó principalmente a la economía informal.
Algunas voces defienden las actividades informales como solución al desempleo para desestimar el compromiso de los mandatarios con ese fenómeno, pero la informalidad no genera empleos, ni impuestos, ni desarrollo económico. La informalidad va ligada a los recursos que circulan libremente bajo la modalidad del ‘Paga diario’. Esta forma de financiamiento irregular, abre competencia al sector financiero y se sostiene gracias a la intrincada red de dineros provenientes del narcotráfico, extorsiones y atracos, así como del contrabando de combustibles, ganado y mercancías.
En el Cesar hay cerca de 400.000 víctimas, de las cuales 180.000 registradas, tienen domicilio en Valledupar; cifra a la que hay que sumarle un considerable número de migrantes venezolanos ilegales que representan competencia desleal a la mano de obra de la región y contribuyen al incremento de la inseguridad. Esperamos identificarlos y atenderlos porque nos interesa saber cuál es su participación en el uso de los servicios públicos, educación, salud y vivienda, como ciudadanos que forman parte de nuestra población local.
En el Plan Nacional de Desarrollo se planteó la ‘Legalidad más Emprendimiento para la Equidad’ y se promulgó la ley de emprendimiento; enunciados que no han sido suficientes para solucionar los problemas de ilegalidad. Para reactivar la competitividad económica, se debe trabajar con las empresas formales que generan empleos decentes, que pagan impuestos y que no se ven inmersas en el lavado de activos. La reactivación económica no puede estar dirigida a los informales, los traficantes y los que están relacionados con actividades ilícitas.
Los cesarenses abrazamos de manera equivocada la minería de carbón desde hace 30 años y abandonamos el aparato productivo del campo que era nuestra vocación. Hoy, ante el cierre de minas, tenemos problemas porque no se hizo la reconversión laboral ni los ajustes económicos para sostener la dinámica de desarrollo. Hubo un manejo equivocado de las regalías a través de las cuales, se ha venido alimentado el fantasma de la corrupción.
En nuestro departamento se han hecho inversiones importantes como la Ruta del Sol tramos dos y tres, la construcción del aeropuerto Alfonso López Pumarejo, la presencia de la Universidad de Santander UDES, Fundación Universitaria del Área Andina y Universidad Nacional; grandes superficies en Valledupar. Esas consideraciones dan la impresión de que no se están midiendo correctamente los factores de competitividad del departamento del Cesar, que ocupa el puesto 21 entre 33 posiciones evaluadas. Sugerimos revisar la información que se escala a las instituciones del Estado, quienes se encargan de presentarlas a las instancias evaluadoras. Es necesario lograr que la calificación sea consecuencia de la realidad del territorio.
No creemos en competitividad sin dinero. Se requiere que el sector financiero privado acompañe al Gobierno Nacional, quien hizo una apuesta importante asumiendo el 90% de garantías; la respuesta de los bancos fue renegociar los créditos, encajarse y no arriesgar.
Cuando el sector financiero entró en crisis, todo el pueblo colombiano hizo causa común para salvarlo. Llegó la hora de que esos empresarios del sector financiero retribuyan a los empresarios de la región con apoyos efectivos y oportunos. Requerimos menos tramitología para acceder a los créditos. Hemos pedido a Bancoldex que se baje a primer piso, que disperse esos créditos en el sector microempresarial que representa el 98% de la fuerza empresarial y que entregue los recursos a través del Banco Agrario.
Por otro lado, es necesario trabajar fuertemente en la formalización. La ley de emprendimiento otorga incentivos tributarios, pero aún no tenemos políticas públicas con suficiente efectividad. Hay que humanizar los estatutos tributarios y bajar la cascada de impuestos para convencer a los empresarios de seguir trabajando, mantener las nóminas y el pago de impuestos.
Debemos apuntar a las tecnologías, a las fábricas de productividad, a la formación especializada, a los clústeres; es imperativo reactivar seriamente el sector inmobiliario donde deben hacerse las correcciones que sean necesarias en los planes de ordenamiento territorial y considerar los costos de licencias y delineación urbana. Es impostergable seguir buscando educación pertinente para el territorio y mantener en alto los estándares de bioseguridad.
En la Cámara de Comercio de Valledupar hemos trabajado en la descentralización de los registros públicos; con el centro de capacitación hemos trabajado en emprendimientos y acompañamiento empresarial, en la implementación del programa Acelérate; participamos en eventos de formación, alianzas con Procolombia, ferias y muestras empresariales, ruedas de negocio, ferias financieras, proyectos especiales y el fortalecimiento del Centro de Transformación Digital Empresarial.
Tenemos varias alianzas estratégicas de importancia regional. Con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, creamos y mantenemos funcionando, el único punto entre todas las cámaras de comercio que cuenta con información real y oportuna; en compañía de la Bolsa de Valores de Colombia y el Centro de Desarrollo Empresarial, implementamos la Ventanilla Única Empresarial.
Debemos anticiparnos a tomar las medidas necesarias para evitar que la tendencia de 2020 y 2021, siga afectando a las empresas y la sociedad en general. Es nuestra responsabilidad como sector privado y aliado estratégico del Gobierno, discutir alternativas para proteger al tejido empresarial; principalmente al que genera empleo de calidad. Entre todos podemos salir adelante, pero con la mente abierta y decisiones reposadas.
José Luis Urón Márquez
Presidente Ejecutivo
