La gente de Departamento del Cesar tiene grandes expectativas sobre el proceso de paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC; algunas de ellas tiene que ver con inmediato aumento en la seguridad ciudadana y al establecimiento de nuevas empresas que ofrecerían generosos empleos en todos los municipios del departamento; pero ese entusiasmo deberá tener en cuenta que los procesos de paz exitosos en otras latitudes han demostrado que el fin de la negociación es solo el inicio de un proceso mucho más largo y tortuoso donde se tratará de honrar los compromisos de las partes para crear el sendero de la reconciliación y la convivencia.
Algunos temas como la educación, la salud, la disponibilidad de agua potable, la gerencia de instituciones públicas, los altos índices de pobreza, el uso de recursos públicos para la construcción de obras que no se requieren y sobre todo: la corrupción, forman parte de nuestra limitada competitividad territorial, que de ninguna manera es consecuencia directa de las acciones de grupos insurgentes. Nuestros valores sociales han estado orientando las decisiones democráticas y fortaleciendo las mafias electorales, al elegir una y otra vez a la casta de mandatarios que más daño nos hacen. Nuestros valores como sociedad, con y sin acuerdo de paz, deben ser transformados para avanzar hacia el desarrollo social, incluyente, solidario y efectivo.
Según lo señalan Sánchez y Díaz[1] (2008), Uno de los efectos del conflicto armado, es la desviación del gasto de los agentes, tanto público como privado, hacia seguridad y defensa, cifras que precisó Rettberg[2] (2008) a través de la encuesta realizada por el programa ConPaz de la Universidad de los Andes, donde las empresas privadas son las que más invierten en seguros y vigilancia privada, destinando entre 3,5% y 10% de sus recursos únicamente a este fin”. En el documento “Crecimiento económico y conflicto armado en Colombia” publicado en 2013, por Santa María, Rojas y Hernández[3], se expone que bajo el supuesto de una reducción de las tasas de homicidios y acciones terroristas en un 50% el PIB nacional se incrementaría en dos puntos.
Estos supuestos han sido analizados de manera indirecta en el documento “El dividendo económico de la paz en Colombia” emitido por el DNP en 2015, donde se plantea que el posconflicto conllevaría al aumento de la economía del 4% al 6%; el PIB per cápita pasaría de 7.000 a 12.000 dólares; la tasa de inversión aumentaría de 29% a 35% del PIB; la inversión extranjera directa aumentaría de 13.000 a 36.000 millones de dólares anuales; y las exportaciones pasarían de 37.000 a 65.000 millones de dólares[4].
Una combinación de factores internos y externos impulsarían esos índices en tendencia positiva al ingresar a la lista de países en posconflicto, donde la ayuda internacional jugaría un papel fundamental para el mejoramiento de la calificación de riesgo país. Podríamos aspirar a obtener alivio de la deuda externa, a lograr preferencias arancelarias para las exportaciones colombianas, a tener un fondo para financiar importaciones de maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo agropecuario e industrial. De igual manera, se esperaría apoyo a reformas a nivel institucional, política y judicial, donde se involucre capacitaciones para la descentralización y la incorporación efectiva de territorios aislados del alcance gubernamental, tanto en la periferia de las poblaciones como en las zonas rurales dispersas, donde hay precariedad en todos los niveles.
El cumplimiento de las tareas del posconflicto se monitorearía anualmente mediante indicadores que compararían la transformación social con los supuestos iniciales, en especial el propósito de generar confianza y generar capacidades para que las nuevas generaciones construyan sin el prejuicio del pasado.
Avanzar como nación en posconflicto implicará también tener regiones más dinámicas que otras, como hoy sucede por el grado de preparación del capital humano y de los factores de competitividad territorial y aunque el papel del gobierno sea estimular el crecimiento homogéneo, en la práctica, las decisiones han dado prelación a las zonas urbanizadas, donde reside el 76,56% de la población y por ende, el mayor caudal electoral.
La reciente firma del punto 3 “Fin del conflicto”, en la mesa de conversación de La Habana, abre la oportunidad a la representación parlamentaria del Cesar para proponer un tratamiento diferencial a nuestro departamento, a través del punto 6 denominado “Implementación verificación y refrendación”, que aún está en discusión. Aquí se solicitaría que el Cesar aparezca de manera clara en los componentes, cronogramas y estrategias para la territorialización de las apuestas. Deben quedar establecidos los montos necesarios, las fuentes de financiación y las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno, así como los indicadores que serán material de trabajo para las comisiones de seguimiento y verificación.
Los argumentos para sustentar esta propuesta son los que describen nuestra realidad territorial: más de 360.000 víctimas del conflicto con guerrilla, narcotráfico, paramilitares, bandas criminales; una población de menores ingresos con niveles de pobreza del 42,3% frente al 27,8% del nacional; las Necesidades Básicas Insatisfechas del sector rural llegan al 66,92%; territorio en proceso de desertificación que se extiende por 1.582.735 ha alcanzando el 69,1% del departamento; la Nación ejerce un dominio efectivo sobre más del 54% del departamento debido a la extensión de las zonas de reservas forestales, parques nacionales, resguardos indígenas, corredores concesionados para la infraestructura vial y el transporte de energéticos, así como las múltiples concesiones mineras otorgadas desde Bogotá.
Las variaciones macroeconómicas nacionales en el posconflicto se consignarán en indicadores que deben ser interpretados desde las regiones para exigir aumento en la participación de los recursos, con el fin de mantener el ritmo de desarrollo y evitar los rezagos ya conocidos. Es por ello que en el Cesar, las universidades, gremios económicos, asociaciones de productores y comercializadores deberán manejar los conceptos de Ordenamiento territorial, Producto interno bruto, PIB per-cápita, tasa de inversión, tasa de ahorro, inversión extranjera directa, inflación, desempleo, ingresos del gobierno, gastos del gobierno, apertura del comercio, exportaciones, importaciones, consumo de los hogares, agricultura, industria, construcción, entre otros, para mantener la masa crítica que reflexionará sobre los avances temporales y efectivos del posconflicto.
Tal y como se previó en el texto del Acuerdo General para la terminación del conflicto, el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que debilitará el flujo de comercio subterráneo que atraviesa el Cesar e involucra negocios lícitos e ilícitos, cuyos dueños deberán alinearse al nuevo mandato de solidaridad con el proceso de reconstrucción del país y el imperio de la ley.
El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible – ODS hacia 2030, presenta un reto afortunado al posconflicto colombiano, porque de los 17 objetivos, solo el numero 14, “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, no nos aplica en el Cesar, los demás tienen un gran significado en la coincidencia de agenda con las tareas por hacer, desde la eliminación de la pobreza extrema, prevista en el objetivo 1, hasta la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, como lo define el objetivo número nueve.
En todo caso, se requiere repensar el papel de los territorios en la apuesta que inicia, porque no solo se requiere alinear los objetivos y recursos de los planes de desarrollo municipal y departamental, aprobados en este primer semestre de 2016 con los ejes ya conocidos del Plan Nacional del Desarrollo, sino también con los compromisos del posconflicto, que aún no tienen asegurada su financiación.
Se pensaría que el mayor crecimiento de la economía nacional producto de los acuerdos, generará ingresos fiscales suficientes para atender la demanda de recursos presupuestales, pero la oficina del Alto Consejero para el Posconflicto aún no tiene clara la aplicabilidad de esa ecuación. Se dice que fondos internacionales son el 5% o menos del costo total del posconflicto y los aportes implican cooperación internacional y créditos, pero es mejor estar preparados e involucrar al Cesar desde el primer momento en las apuestas de desarrollo territorial, que ya se han ido consolidando, para argumentar la firma de uno o varios Contratos Paz en este departamento.
Contamos con cinco ecorregiones estratégicas[5] que ameritan su propio Contrato Paz para lograr la redistribución de la población en el territorio a través de planes de ordenamiento y la implementación de políticas e incentivos efectivos que reviertan el proceso de acelerada desocupación del campo, donde hay grandes posibilidades de desarrollo para autoabastecimiento agropecuario y para aumentar la oferta exportable.
Infortunadamente el ordenamiento del territorio no tuvo la importancia necesaria en la mesa de negociación, por lo que se mantendrá la relación entre división política administrativa y circunscripciones electorales y de esta manera, se seguirá consolidando los tradicionales feudos de poder político que gracias a la corrupción han demostrado su facilidad para aceptar y adaptarse a las diferentes manifestaciones del poder que dan el dinero y las armas, sin consultar previamente su procedencia.
Las instituciones del Cesar siguen buscando de la mano de la Cámara de Comercio de Valledupar las oportunidades para abrirse al futuro y al desarrollo. Es por ello que a través de su ejemplo y liderazgo, se participa en los escenarios de discusión más diversos, donde la fuerza empresarial pueda tener oportunidad de gestionar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con la puesta en marcha de infraestructura productiva, la planificación del territorio para proyectar zonas francas, corredores viales suburbanos donde se alojen las industrias transformadoras y las empresas de servicios.
[1] Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Valle del Río Cesar, Valle del Río Magdalena y Complejo Cenagoso de Zapatosa.
[1] Díaz, A. M. y Sáchez, F. (2008). Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano. En “Las cuentas de la violencia” Edt Fabio Sánchez. Universidad de los Andes – Editorial Norma.
[2] Rettberg A. (2008). Explorando el dividendo de la paz: impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano, resultados de una encuesta nacional. Universidad de los Andes.
[3] Santa María, Rojas, Hernández (2013). y otros, Crecimiento económico y Conflicto Armado en Colombia. DNP.
[4] Gaviria, Mejía, Piraquive y otros. (2015). El dividendo económico de la paz en Colombia. DNP.
[5] Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Valle del Río Cesar, Valle del Río Magdalena y Complejo Cenagoso de Zapatosa.
