Aunque las ventas callejeras forman parte de costumbres y prácticas de todas las poblaciones donde la debilidad de las autoridades lo permiten, las aparentes ventajas de esta actividad no son percibidas de la misma forma por compradores, negocios formales y las administraciones municipales.
Ese fenómeno forma parte de la economía informal donde convergen empresas, actividades, trabajadores, recursos financieros y procedimientos que no están regulados por el Estado y, por lo tanto, no cuentan con protección ante fallas y excesos. Es considerado como una opción para la generación de ingresos familiares durante las crisis económicas, cuando por diferentes razones se han cerrado negocios y se han perdido empleos, pero también se ha visto como una transición natural para los nuevos emprendimientos.
En el Cesar, y en general en la región Caribe, nuestras ciudades y poblaciones preindustriales siguen respondiendo a las características de las actividades rurales circundantes, por esa razón, la extensa presencia de economía informal se sostiene de las más diversas fuentes de financiación: cultivos y ganadería no registrada ante las autoridades; producción de ron artesanal extraído de la caña de azúcar que se comercializa con facilidad; venta de animales silvestres, frutas y tubérculos a los costados de las vías, minería ilegal en todas sus ramas y fases; cultivos ilícitos y su red de distribución de drogas cuya capacidad de generar empleo, riqueza y dominio territorial, ha puesto en problemas al Gobierno Nacional desde los años 70.
La falta de visión propositiva del Estado para controlar la economía informal, deja abierta la opción para que el dinero se distribuya y llegue a actividades delictivas escondidas tras operaciones legales, sin manifestar preferencia por sectores económicos o por estratos sociales. Donde haya necesidad de recursos habrá posibilidad de reorientar el producto del narcotráfico, del contrabando, de las extorsiones y atracos que seguimos tratando de ignorar. Merece atención especial el lavado de activos en el sector inmobiliario, tan importante como el paga diario y las apuestas ilegales.
Pareciera que entre menos desarrollado está el sector industrial, mayor es el poder de la economía informal para corromper lo público y acumular a su favor, las figuras políticas; todo un juego de destrucción sistemática del Estado, donde prevalecen la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.
¿Qué posibilidad tiene una familia de los niveles extremos de pobreza, de acceder a recursos legales para vivir cada día, financiar un pequeño negocio y capitalizar ganancias? En nuestro medio, ninguna. El paga diario presta dinero a tasas descomunales, sin ninguna garantía y bajo sus propias reglas; un esquema esclavista de vida o de muerte. Su presencia está en las carretillas arrendadas para vender productos perecederos, en los andenes ocupados por comidas rápidas, dulces artesanales, ropa al menudeo de contrabando y todo tipo de herramientas, cuchillos, juguetes y teléfonos celulares. Son opciones simples que se articulan con un complicado sistema jerárquico de sumisión y flujo de dinero.
Los compradores encuentran en las ventas ambulantes, las ventajas de los precios competitivos y la rapidez de las transacciones, pero no hay garantías en los productos que adquieren, ni controles sanitarios en la preparación de alimentos por lo que pueden generar todo tipo de problemas en la salud. Las transacciones se hacen en espacio público indebidamente ocupado, ya sea en las zonas peatonales, en parques, en la ribera del río Guatapurí, en los espectáculos musicales, desfiles, procesiones y en general, donde haya circulación masiva y concentración de personas.
Desconocemos las razones por las cuales las políticas públicas no atienden ese fenómeno. Claramente no es un asunto único del control policial; es necesario que alcaldes, gobernadores y nivel nacional, provean los medios para competir con la financiación ilegal y enfrenten con contundencia las mafias que mantienen la cadena de custodia de los negocios irregulares.
Desde la academia y el sector gremial, vemos el crecimiento de las cifras de desempleo, informalidad y pobreza, con la expectativa de que al fin los alcaldes y gobernadores, reaccionen y cumplan con su función de promover el desarrollo económico, pero nuestro bajo nivel de atractividad a la inversión privada, fruto de improvisaciones que no promueven la competitividad territorial, seguirá manteniéndonos alejados del desarrollo y mucho más cerca de la ilegalidad.
José Luis Urón Márquez
Presidente ejecutivo
Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar
Cierto es que la falta del desarrollo uniforme de los distintos sectores de la economía en Valledupar impide la generación de nuevas fuentes de ingreso formales y luego deja entre la espada y la pared a la administración pública, la cual no puede atacar al comercio informal porque deja sin ningún ingreso a quienes viven de él; pero desde su génesis, la responsabilidad sigue recayendo sobre los alcaldes y gobernadores, quienes no tienen planes o estrategias de gobierno claras y contundentes para el impulso económico de las ciudades y departamentos.
El comercio no vive solamente del comercio, ningún municipio puede pretender crecer solamente a partir de abrir nuevas plazas comerciales, en Valledupar el comercio se ha dinamizado con la aparición de otras fuentes formales de empleo, como las proporcionadas por DPA y la minería o el actual auge del sector de la construcción, creer que se puede vivir de solo una actividad comercial, como la aparición forzada o inducida de más establecimientos de comercio, es una fórmula que no le ha funcionado a Valledupar, ejemplo de ello ha sido el fracaso de los nuevos centros comerciales y la imposibilidad de este sector para generar empleos bien remunerados.